Basta con caminar por cualquier avenida principal de Bogotá, Medellín o Cali para notar que el paisaje vial ha cambiado. Entre el ruido constante de los motores de combustión, ahora se deslizan, a veces de forma silenciosa y otras veces a velocidades imprudentes, cientos de motocicletas eléctricas. Sin embargo, este aparente progreso hacia una movilidad sostenible esconde una realidad mucho más caótica: un vacío legal que ha dejado a los peatones y a los demás actores viales en total preocupación.
El fenómeno es claro y preocupante. En las calles circulan vehículos que, a simple vista, poseen la estructura, el peso y la velocidad de una motocicleta convencional, pero que, bajo un "disfraz" técnico de bicicleta eléctrica o dispositivo de movilidad personal, evaden sistemáticamente cualquier tipo de control. Es la ley del más fuerte, o más bien, la ley de quienes aprovechan los vacíos administrativos para rodar sin placa, sin seguro y, en demasiados casos, sin una licencia de conducción que avale la pericia de quien empuña el manubrio.
El problema de fondo: cuando el "limbo" se convierte en peligro
La situación es, ante todo, un tema de seguridad pública. Cuando ocurre un accidente —y las cifras de siniestralidad están en aumento—, las víctimas se enfrentan a un muro de silencio. Al no estar obligados, en muchos de estos casos, a portar un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el conductor responsable suele desaparecer tras el choque, dejando a los afectados con lesiones graves y cuentas médicas impagables.
"Es una ruleta rusa", comentan vecinos de barrios donde la imprudencia es el pan de cada día. La facilidad con la que se pueden adquirir estos vehículos sin trámites burocráticos, sumada a la falta de pedagogía vial para sus usuarios, ha generado una cultura de impunidad. Se observa a diario: conductores que ignoran los semáforos, que circulan por los andenes a alta velocidad y que, ante un eventual siniestro, no tienen ninguna responsabilidad civil respaldada por una póliza.
Foto Tomada de Moto Mafre
La brecha entre la norma y la calle
Aunque las autoridades han intentado ajustar la tuerca con reglamentaciones que buscan equiparar las exigencias para vehículos de mayor potencia con las de las motos tradicional, la brecha entre la norma y lo que sucede en el asfalto sigue siendo abismal. Mientras el Ministerio de Transporte y las secretarías de movilidad discuten clasificaciones por vatios (W) o velocidades máximas (km/h), en las calles sigue rodando un parque automotor que se camufla bajo términos técnicos para evitar el registro en el RUNT.
El problema no es la tecnología eléctrica, que debería ser el futuro, sino la falta de una política pública contundente que exija las mismas responsabilidades a quien conduce un vehículo que alcanza los 40, 50 o 60 kilómetros por hora, independientemente de si el motor es de combustión o eléctrico.
¿Qué está en juego?
La seguridad vial no debería depender de la fuente de energía del vehículo. Si un aparato es capaz de causar una conmoción cerebral, fracturas o, en el peor de los casos, una fatalidad, las reglas de juego deben ser claras:
Responsabilidad económica: La exigencia de un SOAT es innegociable. No se puede permitir que, en caso de un siniestro, sea el sistema de salud pública el que asuma los costos por la irresponsabilidad de un particular.
Identificación y registro: Un vehículo sin placa es un vehículo invisible para la ley. La obligatoriedad de matrícula permitiría identificar a los infractores que hoy huyen de la escena tras causar un accidente.
Cultura vial: Es imperativo que la licencia de conducción, o al menos un certificado de aptitud, sea un requisito para operar estos vehículos. No se puede entregar una máquina de estas características a alguien sin conocimientos básicos de señalización y normas de tránsito.
La movilidad sostenible es un objetivo loable, pero no puede construirse sobre la base del caos. Es necesario que el Estado pase de las resoluciones de escritorio a la acción en la vía. Antes de que las estadísticas de accidentalidad se sigan disparando, las ciudades colombianas requieren una regulación estricta, un control efectivo y, sobre todo, una pedagogía que entienda que, en la calle, todos los actores tienen los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones.
Lo que hoy ocurre con las "motos eléctricas" sin ley no es solo un descuido administrativo; es una deuda pendiente con la vida de miles de ciudadanos que, cada vez que salen de casa, se juegan la suerte frente a un vehículo que, para efectos prácticos, circula sin Dios ni ley.