Hay decisiones de escritorio que parecen tomarse a kilómetros de la realidad humana, ignorando por completo el esfuerzo silencioso, el sudor y los años de privaciones que hay detrás del ahorro de una familia colombiana. Esa que, peso a peso, logra estirar las finanzas del hogar con la ilusión de subirse a un carro un poco más limpio, un poco más amable con el aire que respiramos y un poco más seguro para los suyos.
En los últimos días, el panorama automotor y el pulso económico del país sintieron un coletazo helado: la propuesta oficial dentro de la nueva reforma tributaria que pretende elevar de manera drástica el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los vehículos híbridos, pasándolos del 5% al 19%.
Para comprender la verdadera dimensión de esta medida, es necesario mirar mucho más allá de las frías proyecciones de recaudo fiscal que se archivan en las oficinas de la DIAN. Durante años, ese IVA diferencial del 5% operó como un puente indispensable; una mano tendida del Estado que funcionaba como un incentivo real para impulsar una transición ecológica sensata y aterrizada a nuestro contexto latinoamericano. Era precisamente ese empujón económico el que animaba a un empleado de clase media, a un profesional independiente o a un pequeño emprendedor a jugársela por una tecnología de bajas emisiones, estirando un poco más el crédito o los ahorros de toda la vida para evitar seguir atados al 100% de la combustión fósil tradicional.
De un simple plumazo legislativo, meter a estos vehículos en el costal de la tarifa general del 19% descuadra por completo cualquier cálculo financiero y rompe la confianza del consumidor. Estamos hablando de un incremento brutal y desproporcionado en el precio final de venta de estos automotores en las vitrinas, lo que equivale a poner un freno de mano repentino y violento a uno de los pocos segmentos que venía sosteniendo con optimismo la recuperación del sector comercial y automotor en el país.
Desde las altas esferas del Gobierno se argumenta, bajo una óptica estrictamente técnica, que los carros híbridos todavía queman gasolina y generan ciertas emisiones, justificando que el mercado nacional ya maduró lo suficiente y, por ende, ya no requiere de muletas tributarias. Sin embargo, la perspectiva desde la calle es radicalmente distinta. Para el ciudadano común, adquirir un híbrido jamás ha sido un capricho de lujo excéntrico o una excentricidad de élite; por el contrario, ha sido la única alternativa real y viable —en un país donde la infraestructura para los carros 100% eléctricos sigue siendo incipiente, precaria y limitada a unas pocas ciudades principales— para contaminar un poco menos, sortear las restricciones de movilidad como el pico y placa, y rasguñar algo de alivio en el gasto mensual de combustible.
Castigar impositivamente esta alternativa ecológica se siente, de pies a cabeza, como un contrasentido monumental. Mientras desde los discursos oficiales se pregona con elocuencia la urgencia inaplazable de descarbonizar la economía nacional y cumplir con las metas internacionales de lucha contra el cambio climático, en la práctica se asfixia con impuestos aquellas iniciativas ciudadanas que ya estaban dando resultados en esa dirección. Al final del día, esta clase de decisiones gubernamentales corren el peligro de apagar de golpe la ilusión de renovación de miles de hogares, devolviéndonos una vez más a la misma y triste encrucijada de siempre: esa donde cuidar el planeta y transitar hacia el futuro vuelve a ser un privilegio exclusivo de unos pocos, mientras se convierte en un castigo fiscal insostenible para el resto de la sociedad.